El Ayuntamiento refuerza la plantilla de Servicios Sociales con la creación de trece nuevas plazas
El área de Recursos Humanos ha aprobado hoy en Pleno una modificación de la RPT que supone la amortización de plazas para crear otras con perfiles profesionales necesarios para distintos servicios
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Recursos Humanos y Modernización que dirige Clara Macías, ha aprobado hoy por unanimidad en el Pleno una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo municipal con el objetivo de amortizar plazas en determinadas áreas y crear otras con perfiles profesionales imprescindibles en estos momentos para servicios prioritarios. En este sentido, se refuerza especialmente el área de Servicios Sociales con 13 nuevas plazas con las que el gobierno de la ciudad continúa la estrategia de consolidación de la plantilla de esta área que se viene desarrollando durante los últimos años.
Concretamente, la modificación de la RPT que obligatoriamente tiene que tener un equilibrio económico y en cuanto a número de plazas entre las que se amortizan y las que se crean supone la sustitución de 42 plazas de distintos servicios por 33 que se crean en otros perfiles profesionales. Entre ellos, se habilitan plazas de TAG, arquitectos, educadores, trabajadores sociales o auxiliares administrativos, técnicos informáticos y de comunicaciones y auxiliares de Vigilancia e información. 13 de estas plazas se corresponden con el área de Servicios Sociales.
En los últimos años, dentro del ámbito social y con el objetivo de lograr la estabilización y reforzar el área de Servicios Sociales al margen de los programas cofinanciados con otras administraciones, se crearon 21 plazas para abordar la situación de riesgo de menores de la ciudad y se han estabilizado 109 plazas dentro del plan de consolidación. Además en los CIAM se crearon 33 plazas y ahora se aprueba el expediente para la modificación de la RPT con trece plazas más.
No obstante, el gobierno de la ciudad ha solicitado a la Junta de Andalucía, como administración competente que fije un marco de competencias y financiación adecuado para los Servicios Sociales de todos los ayuntamientos que acabe con la excesiva dependencia de programas específicos que tienen una duración limitada lo que provocaba problemas en la prestación de servicios en todos los municipios e inestabilidad laboral en los profesionales.