El Ayuntamiento dejará de ingresar 65 millones de euros por el rechazo al Real Decreto para crear un fondo extraordinario para ayuntamientos y permitir la reutilización del superávit

El Ayuntamiento de Sevilla dejará de disponer de en torno a 65 millones de euros ante el rechazo por parte de distintos grupos de la oposición en el Congreso al Real Decreto de medidas extraordinarias para las administraciones locales que permitía la creación de un fondo extraordinario para los ayuntamientos, un programa específico de ayudas al transporte público, la posibilidad de reutilizar por primera vez en ocho años el superávit o la eliminación del techo de gasto. El voto contrario a este decreto implicará la aplicación automática de la Ley de Estabilidad aprobada por el PP y que por tanto, además, de no recibir financiación extraordinaria, el Ayuntamiento tendrá que destinar el superávit existente, que puede superar los 30 millones de acuerdo con el criterio del Ministerio de Hacienda, a la amortización anticipada de deuda como ha ocurrido durante los últimos años.

“El voto contrario a este decreto por parte de algunos grupos es un ataque al municipalismo, a los ayuntamientos y especialmente a ciudades como Sevilla que han hecho sus deberes durante los últimos años y que han generado un superávit que, año tras año, sólo se puede destinar a amortizar deuda pese a las importantes necesidades de inversión y gasto público especialmente en un momento tan delicado como este ante la crisis sanitaria por la COVID 19”, ha explicado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien ha advertido de las graves consecuencias para los intereses de la ciudad de este voto contrario.

De acuerdo con la última propuesta presentada hoy en el Congreso por el Ministerio de Hacienda, al Ayuntamiento de Sevilla le corresponderían 43,9 millones de euros del reparto del fondo extraordinario para las administraciones en la distribución del 60 % por población y otros 4,3 millones de euros más por la aportación de los remanentes existentes. Además, hubiera permitido al menos 17 millones de euros por el fondo de transportes fundamental para la estabilidad de la empresa pública Tussam ante las consecuencias de la crisis sanitaria en el año 2020, además de la devolución progresiva de los 30 millones que el Ayuntamiento podría incorporar como préstamo voluntario al Estado en el marco del acuerdo con la FEMP.

“Sevilla es una de las grandes ciudades más perjudicadas por este rechazo. Su situación de tesorería saneada, con superávit acumulado y la reducción del endeudamiento durante los últimos años en casi 200 millones de euros, situaba a la ciudad en la mejor posición para la ejecución de este acuerdo que hubiera generado recursos extraordinarios sin incidencia alguna en el techo de gasto para hacer frente a las consecuencias de la crisis y poner en marcha medidas de reactivación”, ha apuntado el alcalde, quien además ha destacado que se trataba de un decreto de aplicación voluntaria y al que, por tanto, podrían o no acogerse los ayuntamientos en función de sus intereses y de su situación.

En este sentido, desde el año 2012, cada ejercicio que el Ayuntamiento ha logrado cerrar con superávit todos los recursos se han tenido que destinar a amortizar de forma anticipada deuda ante las entidades bancarias, tal y como recoge la Ley de Estabilidad aprobada por el PP en el año 2012, que impide además que un ayuntamiento pueda incurrir en situación de déficit. Aquella ley se realizó sin acuerdo ni consenso alguno con la Federación Española de Municipios y Provincias pese a que supuso una reducción de las autonomías de todas las administraciones locales que sigue teniendo desde entonces graves consecuencias sobre el desarrollo de las políticas de gasto y el mantenimiento de los servicios por parte de los ayuntamientos. 

El Decreto Ley hubiera supuesto una oportunidad para poder utilizar por primera vez este superávit además de crear un plan extraordinario de financiación al que podría acceder el ayuntamiento de Sevilla de forma inmediata tanto para cerrar el ejercicio 2020 como para ejecutar las medidas necesarias para la reactivación económica durante 2021.